Antecedentes

ANTECEDENTES

El espacio público no es neutro, sino que es la expresión física del sistema económico e ideológico de cada sociedad, por tanto refleja las desigualdades sociales y responde a las necesidades de los grupos dominantes. Nuestras ciudades, expresión física por antonomasia de lo público, reproducen la división sexual del trabajo de tal modo que han sido pensadas tradicionalmente en términos productivos, es decir, masculinos.

La estructura de las ciudades contemporáneas, herederas del paradigma de la zonificación funcional, dificulta la realización de las tareas de la vida cotidiana para todas aquellas personas que no se ajustan al estereotipo de varón trabajador, sin discapacidades y sin cargas familiares. Por este motivo, el urbanismo con perspectiva de género pretende revertir las desigualdades de género y propiciar la construcción de ciudades igualitarias, atendiendo a las necesidades diferenciales de los distintos grupos no hegemónicos.

La desigualdad se percibe con especial claridad en dos ámbitos muy relacionados entre sí y también con la violencia de género: movilidad y seguridad. Estudios realizados en distintos países coinciden en que las pautas de movilidad de hombres y mujeres son diferentes. Por ejemplo, las mujeres utilizan con más frecuencia el transporte colectivo y experimentan una mayor inseguridad, tanto en el espacio público como en los medios de transporte y lugares de espera. La doctrina indica que la percepción subjetiva de inseguridad es tan importante o más que las denuncias, ya que supone una restricción autoimpuesta en el uso y acceso a los espacios públicos y al transporte colectivo. El Protocolo contra la Violencia Sexual del Principado de Asturias reconoce la importancia de estos ámbitos en relación con la violencia sexual y es en este contexto donde se incardina y justifica la constitución de un Observatorio de Urbanismo con Perspectiva de Género.